El pasado 21 de Mayo 2025, la Contraloría General de la República difundió el estudio de la situación financiera, presupuestal y pensional de las universidades públicas del país; reafirmando lo construido y difundido por el Sistema Universitario Estatal SUE, acerca del desfinanciamiento estructural de la universidad pública; lo que pone en riesgo la sostenibilidad de la misma y con ello, la prestación del servicio público de educación superior. En este sentido, la Contraloría hace énfasis en las Universidades Nacional, del Valle y Antioquia, que a diciembre de 2024 tienen un pasivo pensional de $8.3 billones, específicamente la Universidad Nacional con $4.5 billones; como se puede ver, este desfinanciamiento estructural afecta al Sistema público de educación superior. En este contexto, la Contraloría hace un llamado al Gobierno Nacional para atender dicha situación. El SUE, en los últimos años ha propuesto la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, la cual rige la educación superior; lo anterior, con el propósito de corregir el desfinanciamiento estructural del Sistema Universitario Estatal (SUE), esta reforma permite construir un nuevo modelo de sostenibilidad financiera; necesaria e impostergable, demandada por los estamentos del sector de la educación superior pública; que tiene como propósito, fortalecer las universidades oficiales.
Asimismo, el actual modelo de asignación y distribución de recursos financieros para las universidades estatales, definidos en los artículos 86 y 87 de la Ley 30; consta de varios componentes: el presupuesto destinado al funcionamiento e inversión. Los recursos de funcionamiento, orientado al crecimiento sostenible de los recursos provistos por el Estado y requeridos para el funcionamiento de las universidades públicas, conformado por cuatro factores: presupuesto para el funcionamiento con ajustes por diferenciales salariales y productividad docente; además, aumentos de cobertura y cierre de brechas interinstitucionales. Estos recursos financieros están definidos y distribuidos, a través de un indicador de transferencia IPC. En este sentido, el SUE construyó un nuevo modelo de asignación de recursos financieros para la sostenibilidad de las universidades oficiales; que impida los déficits anuales originados en los costos educativos superiores al IPC. Estos costos han producido el desfinanciamiento estructural de la universidad pública; y con ello, una tendencia progresiva a la autosostenibilidad.
En este orden, la construcción del Ices (índice de la canasta educativa), como nuevo modelo de transferencia financiero para asignación estatal de recursos al SUE; reconoce la complejidad y diversidad del sistema; a la vez que, propende por el cierre de brechas regionales, institucionales y sociales. El nuevo modelo de financiamiento recoge las experiencias vividas por el sistema, desde la aprobación de la Ley 30 de 1992. Donde hemos tenido incremento en cobertura, al pasar de 152 mil estudiantes en el año 1993 a 685 mil en 2024; esta ampliación de cobertura está acompañada de otros cambios, como lo es la formación de los profesores universitarios, investigación, internacionalización, movilidad de estudiantes, acreditación institucional de programas. Este crecimiento de las universidades, implicó un proceso de mejoramiento en los factores que constituyen una política de aseguramiento de la calidad. Todos los costos asociados a la educación superior pública de calidad tienen crecimientos superiores al IPC; lo que ha generado, como ya se dijo, un desfinanciamiento estructural. El actual modelo de sostenibilidad financiero de las universidades públicas está soportado en el IPC, como indicador de transferencia de la nación a las universidades; insuficiente para el financiamiento del SUE.
Por consiguiente, el nuevo modelo de financiamiento propuesto, corrige el desfinanciamiento estructural y permite la sostenibilidad financiera. Es deber de la Comisión Sexta del Senado de la República tramitar en plenaria la discusión sobre el proyecto de reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30. Contrario a ello, se estará profundizando el desfinanciamiento e insostenibilidad de la universidad pública, de tal forma que, el derecho a la educación de miles de jóvenes colombianos caerá en riesgo.