Por: Erasmo Zuleta Bechara
Finalizada la Cumbre de Gobernadores “Caribe energético, oportunidad, sostenibilidad y futuro”, realizada hace unos días en la ciudad de Riohacha, La Guajira, la principal conclusión fue solicitar al Estado colombiano (y el Estado somos todos) no estigmatizar los proyectos de exploración ni explotación del sector minero-energético y, por el contrario, apoyarlos. Esto no significa una renuncia a un proceso de transición energética planeado y ordenado, sino que, por el contrario, es inherente a la misma transición.
Mientras en las principales economías del mundo aún se debate el ritmo de disminución de la oferta y demanda de combustibles fósiles, en medio de continuos cambios de posiciones políticas al respecto, en Colombia los indicadores de desigualdad y pobreza no dan tregua. Y si aún el país cuenta con recursos minero-energéticos por extraer, y el precio de estos hace viable su comercialización y la obtención de recursos para combatir la pobreza, ¿por qué renunciar a estas actividades?
Mientras en Colombia parece impulsarse cierta estigmatización en contra del sector, los ilegales lo aprovechan. Hace poco, la revista The Economist afirmaba que, para muchas bandas criminales, la extracción ilegal de oro constituía un mejor negocio que el narcotráfico y que, en el caso colombiano, casi la totalidad de las exportaciones de este mineral eran ilegales.
La materialización de la falta de apoyo hacia el sector minero-energético se siente en los territorios, a través de las regalías que estos reciben y con la proyección de estas hasta 2034. De conformidad con el Plan de Recursos del Sistema General de Regalías, el cual contiene una proyección de las fuentes de financiamiento del sistema a diez años, los recursos de regalías pasarían de COP$12,7 billones en 2025 a COP$6,3 billones en 2034 a nivel nacional, lo que representaría una disminución del 50 % en términos nominales. Para el caso del departamento de Córdoba, los recursos pasarían de COP$388 mil millones en 2025 a COP$241 mil millones en el mismo periodo, lo que representaría una disminución del 38 %.
Esta disminución en los recursos de regalías tendrá efectos directos en las inversiones sociales que se puedan realizar en los territorios.
En los países nórdicos, la exploración y explotación minero-energética ha sido motor de desarrollo durante décadas, y los Estados Unidos pasó de ser importador a exportador de petróleo en los últimos años. Ellos ven el sector minero-energético como motor de desarrollo y progreso. De estas buenas prácticas deberíamos aprender en Colombia, y no dejar la riqueza de estos recursos enterrada o en manos de organizaciones ilegales.
Con tantas necesidades, diferentes pueden ser los usos de los recursos de regalías. Por ejemplo, podrían reinvertirse en otros sectores económicos generadores de ingresos que, a futuro, sustituyan a las mismas regalías, como el turismo. Así lo vienen realizando los países de Oriente Medio, pensando en diversificar sus economías. Nosotros también podríamos hacerlo.
Los recursos que se dejan de recibir por regalías son recursos que se dejan de invertir para combatir la pobreza y la desigualdad del país.
*Gobernador del Departamento de Córdoba y Presidente de la Federación Nacional de Departamentos.