El Senado de la República ha iniciado el trámite del proyecto de reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que rige la educación superior. Recordemos que la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes ya había aprobado dicha reforma, con el objetivo de avanzar hacia un nuevo modelo de sostenibilidad financiera para la universidad pública. Este constituye un paso significativo en el proceso de una reforma largamente demandada por el sector de la educación superior pública.
Es importante señalar que el actual modelo de asignación y distribución de recursos financieros para las universidades que conforman el Sistema Universitario Estatal (SUE) consta de varios componentes: presupuesto destinado al funcionamiento e inversión. Los recursos de funcionamiento, orientados al crecimiento sostenible y provistos por el Estado, se distribuyen en cuatro factores:
* Presupuesto para funcionamiento con ajustes por diferenciales salariales
* Productividad docente
* Aumento de cobertura
* Cierre de brechas interinstitucionales
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Estos recursos financieros están indexados al IPC. Sin embargo, los costos de funcionamiento crecen por encima de los valores transferidos por la Nación. En este contexto, el SUE, en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional (MEN), ha construido un nuevo modelo de asignación de recursos financieros para garantizar la sostenibilidad de las universidades estatales, evitando los déficits anuales originados por costos educativos superiores al IPC. Estos sobrecostos han generado un desfinanciamiento estructural de la universidad pública y una tendencia progresiva hacia la autosostenibilidad.
La construcción del ICES (Índice de Costo de la Educación Superior), como modelo de transferencias para la asignación estatal de recursos al SUE, reconoce la complejidad y diversidad del sistema, al tiempo que promueve el cierre de brechas regionales, institucionales y sociales.
¿Cuál es el contenido del modelo propuesto por el SUE?
El nuevo modelo recoge las experiencias acumuladas desde la aprobación de la Ley 30 de 1992. Se destaca el incremento en cobertura, que pasó de 159.218 estudiantes en 1993 a 687.365 en 2023. Esta ampliación ha estado acompañada de transformaciones en la formación docente, la investigación, la internacionalización, y la acreditación de programas e instituciones. Este crecimiento implicó un proceso de mejoramiento en los factores que constituyen la política de aseguramiento de la calidad.
Todos los costos, asociados a una educación superior pública de calidad, han crecido por encima del IPC, lo que ha generado un desfinanciamiento estructural. El actual modelo de transferencia de recursos financieros de la Nación a las universidades públicas, basado en el IPC; lo resulta insuficiente para financiar adecuadamente al SUE.
Por lo tanto, el nuevo modelo de financiamiento propuesto, corrige este desfinanciamiento y permite avanzar hacia la sostenibilidad. La aprobación de este proyecto de ley haría posible un modelo de financiamiento adecuado para la universidad pública, abriendo un escenario de ampliación de cobertura con enfoque territorial, vinculación de nuevos docentes y trabajadores que soporten el crecimiento sostenible de las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas. Además, fortalecería los aspectos misionales de las universidades y los procesos de acreditación que garanticen una educación de calidad y pertinente.
Este es el momento en que el Senado de la República debe actuar en sintonía con las demandas y necesidades de la educación superior pública, respondiendo, especialmente a la juventud colombiana.