Por: Erasmo Zuleta Bechara*
Con gran preocupación debemos recibir los colombianos la caída en el crecimiento económico del sector de la construcción, acumulado a sep-25, de -2,6%, mientras que el crecimiento promedio del 2006 al 2024 para este mismo sector fue del 2,6%. Dentro del mismo se encuentran subsectores tan relevantes para el bienestar de los colombianos como el de edificaciones o el de carreteras y vías de comunicación.
Particularmente en las regiones, es muy sentido el clamor de mayores inversiones en la construcción de carreteras, vías de ferrocarril y proyectos de servicios públicos. Nada se saca con decir que se apoya el sector agropecuario si los campesinos no tienen cómo transportar sus productos para comercializarlos, si los costos de transporte son muy elevados, o si se pretende impulsar el turismo con carreteras en mal estado o afectadas por derrumbes, erosión costera u otros fenómenos naturales.
Según Fedesarrollo, en términos económicos, la inversión en construcción de carreteras y obras civiles tiene un efecto multiplicador muy importante: cada peso invertido en obras civiles implica un aumento de COP$ 2,25 en la producción nacional, COP$ 2,46 en salarios y COP$ 4,90 en recaudo fiscal. Pero la relevancia del subsector de carreteras y vías de ferrocarril dentro del PIB nacional, que llegó a ser del 2% en 2014 y 2015, ha presentado una tendencia decreciente desde aquel entonces, hasta llegar a sep-25 a un 1,1%, casi la mitad de lo que representó hace 10 años.
De conformidad con diversos centros de estudios económicos, son dos las razones que explicarían el deterioro tan marcado en la infraestructura vial. Por un lado, la baja ejecución presupuestal de entidades como el INVÍAS, que presentó una ejecución promedio del 50% entre 2022 y 2025, y por el otro, la poca confianza entre los actores del sector, que ha incrementado la percepción de riesgo contractual.
Entre tanto, en Colombia se reconoce que las regiones hemos sido, a pesar de los modestos recursos con que contamos, quienes hemos dinamizado el sector en la actualidad. Pero, evidentemente, las presiones fiscales de las regiones también se han incrementado desde otros frentes, como el de la educación, la salud o los servicios públicos, y se hace imperativa la ayuda inmediata de las entidades del sector transporte del orden nacional para coadyuvar con el desarrollo de proyectos viales o de ferrocarril que impactarían en la competitividad de largo plazo a nivel regional.
Por ejemplo, en Córdoba tenemos los peajes, pero no vemos las inversiones. En Puerto Rey, la erosión costera amenaza las vías y las obras no aparecen para su mitigación. Ya lo informó la Cámara Colombiana de Infraestructura con respecto al programa de Gestión Vial Integral (GVI): aunque los ingresos de este programa dependen de los ingresos de los peajes, la reinversión local es baja en la mayoría de los corredores y el resultado es que cerca del 60% de la red a su cargo se encuentra en regular, mal o muy mal estado. En algunos lugares, la reinversión local alcanza tan solo el 12,6%.
Las carreteras no son un lujo, son una necesidad económica para los habitantes de los territorios del país. El discurso ideologizado de que las carreteras son “para los ricos” o para las “élites” no sirve como justificación a un campesino que no puede comercializar sus productos, movilizarse a los centros de salud o colegios, o para tantas otras actividades conexas que una infraestructura vial acorde a las necesidades del territorio solamente podría generar como progreso.
Mi llamado respetuoso a las entidades del sector transporte es a que ejecuten los recursos disponibles para el sector con mayor eficacia, que aparezcan a nivel territorial para trabajar coordinadamente y que, evidentemente, no se espante a los inversionistas que ayudan al desarrollo de este sector.
*Gobernador del Departamento de Córdoba y presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND)