Con relación al reciente pronunciamiento de la comunidad científica de la Universidad de Córdoba, representada por sus profesores e investigadores, quienes manifestaron su molestia y rechazo ante la negativa del Departamento de Córdoba de firmar la carta de aval que expresara la voluntad de concurrir y participar en la convocatoria de ciencia, tecnología e innovación de Minciencias —en sintonía con el Plan Nacional y Departamental de Desarrollo—, esta decisión injustificada frustró la participación mediante la presentación de seis proyectos enmarcados en dos convocatorias públicas: cuatro proyectos destinados a la formación de capital humano (maestrías y doctorados), lo que impidió que una generación de jóvenes cordobeses y de la región ejerciera su derecho a la educación de alto nivel; y dos proyectos de desarrollo social y comunitario orientados a mejorar las condiciones de vida de comunidades vulnerables del Departamento. Lo anterior representa un costo social, en la medida en que afecta la investigación, la generación de nuevos conocimientos y, por ende, el bienestar general de la sociedad. Estas convocatorias de Minciencia están respaldadas por los recursos financieros aprobados por el Senado de la República, que destinó un presupuesto bienal 2024-2026 del Sistema General de Regalías (SGR) para invertirse en ciencia, tecnología e innovación, con un enfoque territorial y soportado en el liderazgo y conocimiento científico de las universidades.
Es importante señalar que el 76% de los ingresos del SGR provendrá del sector de hidrocarburos y el restante del sector minero. Por consiguiente, seguimos dependiendo directamente de estos sectores para jalonar el desarrollo del país y promover cambios y transformaciones sociales; en consecuencia, la transición energética debe ser gradual y sostenible en el mediano y largo plazo. Recordemos que, de acuerdo con el artículo 361 de la Constitución Nacional: «Los ingresos del SGR se destinarán al financiamiento de proyectos para el desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales; al ahorro para su pasivo pensional; para inversiones físicas en educación; para inversiones en ciencia, tecnología e innovación; para la generación de ahorro público; para la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos y el conocimiento y cartografía geológica del subsuelo; además, para aumentar la competitividad general de la economía, buscando mejorar las condiciones sociales de la población».
Para el presente bienio, de los ingresos del SGR, 2,7 billones están orientados a financiar proyectos en ciencia, tecnología e innovación, de los cuales 600.000 millones deben destinarse a proyectos con incidencia en ambiente y desarrollo sostenible. Otra parte de esos recursos financiará, en el marco de una paz total, proyectos que estabilicen y transformen los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional. Asimismo, se asignarán recursos para los grupos étnicos del país, encaminados a proteger los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, así como del pueblo Rrom o gitano de Colombia. Esta priorización de recursos evidencia la voluntad del gobierno de generar impacto y transformación social en sectores históricamente marginados.
La ciencia, la tecnología y la innovación contarán con un presupuesto importante y considerable, que debe hacer énfasis en un enfoque territorial y estar soportado en las universidades, las cuales han venido históricamente desarrollando investigación y transferencia tecnológica pertinente. Estos recursos son asignados con base en convocatorias públicas, con enfoque territorial y participación de las universidades; pero, desafortunadamente, la intermediación o incidencia de las lógicas del poder político tradicional desvirtúa la naturaleza y finalidad de las convocatorias. Es necesario insistir en que esta intermediación debe desaparecer por el bien y fortalecimiento de la ciencia en Colombia. Desde las universidades, continuaremos exigiendo que los recursos de regalías para la ciencia se destinen directamente a las instituciones de educación superior. Es el momento de que nuestro país actúe en esta dirección. De no hacerlo, seguiremos condenados al atraso y a la mercantilización de la ciencia.