En ejercicio de la autonomía universitaria, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Córdoba ha convocado el proceso de designación del nuevo rector o rectora, conforme a los estatutos institucionales y a la Ley 30 de 1992 que regula la educación superior en Colombia.
Este proceso representa una oportunidad para fortalecer una democracia universitaria basada en la deliberación académica, científica y humana, centrada en el mérito, el liderazgo, la capacidad de gestión y la trayectoria de quien asumirá la dirección de la institución. La participación activa de los estamentos universitarios —profesores, estudiantes y trabajadores— será esencial. A través del voto libre y consciente, deberán elegir la propuesta que mejor represente un proyecto universitario moderno, alineado con las necesidades institucionales y sociales. Por primera vez en la historia de la Universidad de Córdoba, la consulta tendrá carácter vinculante: los candidatos deberán obtener al menos el 30 % de los votos en cada estamento y alcanzar ese porcentaje en dos de los tres estamentos habilitados. Esto garantiza una incidencia directa de la comunidad universitaria en la elección del liderazgo institucional. No hay que olvidar que, la democracia universitaria tiene sus raíces en la Reforma Universitaria de 1918 en la Universidad de Córdoba (Argentina), cuyo manifiesto, aún vigente, se erige como símbolo de rebeldía frente a dogmas y verdades absolutas. En un contexto de incertidumbre y violencia, este legado cobra especial relevancia al defender la autonomía universitaria como principio esencial. Desde entonces, 17 países latinoamericanos, incluido Colombia, han incorporado este principio en sus constituciones, reflejando el impacto de la reforma en la cultura política regional. Pensar la democracia universitaria implica más que la participación formal de estudiantes, docentes, egresados y directivos en el gobierno institucional. Es también la posibilidad de imaginar y deliberar sobre proyectos que encarnen una universidad reafirmada en la ciencia: una ciencia con sentido humano, orientada a formar y transformar con responsabilidad social. Esta visión integradora busca superar la autosuficiencia institucional que fragmenta y protege a la universidad de influencias externas que desnaturalizan su misión, incluidas las diversas formas de violencia. La Constitución Política de Colombia de 1991 consagró la autonomía universitaria como una conquista del ethos universitario, reglamentada por la Ley 30 de 1992. Esta ley garantiza la autonomía administrativa, financiera y académica, y otorga a las universidades el derecho de establecer sus normas, reglamentos y autoridades, incluyendo al rector. Además, reconoce la facultad de definir sus formas de gobierno con participación de todos los estamentos, mediante la construcción de estatutos y normas propias. Cabe señalar que, una característica esencial de esta autonomía es la libertad de pensamiento, que permite diseñar mecanismos de participación diversos y amplios, orientados a preservar la esencia de la universidad. Por ello, la gobernanza institucional no se limita a la elección de autoridades, sino que debe fortalecer la misión educativa y el compromiso social, integrando el mérito, la experiencia y el conocimiento como ejes fundamentales. A manera de conclusión, la democracia universitaria no puede reducirse a un ejercicio de popularidad. Debe estar cualificada, sustentada en el mérito académico, el liderazgo y la trayectoria científica, como pilares que garantizan una dirección institucional coherente con los valores de la educación superior y su papel transformador en la sociedad.