El exmandatario fue trasladado a la cárcel bogotana luego de ser entregado por autoridades estadounidenses, ya que enfrenta procesos judiciales por corrupción y desvío de fondos públicos durante su gestión en Córdoba
En la tarde del lunes 4 de agosto, Alejandro Lyons Muskus, exgobernador del departamento de Córdoba, fue ingresado a la cárcel La Picota en Bogotá, luego de ser deportado desde Estados Unidos el pasado 30 de julio.
La decisión fue confirmada por fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) a El Espectador, que señalaron que Lyons deberá enfrentar cargos por el delito de concierto para delinquir, relacionados con escándalos de corrupción durante su mandato entre 2012 y 2015.
Lyons tenía una solicitud de extradición activa por parte de las autoridades colombianas, luego de que la Corte Suprema de Justicia lo condenara en 2018 por liderar una red criminal que habría desviado aproximadamente $9.000 millones provenientes de regalías departamentales. El caso fue uno de los múltiples hechos de corrupción que marcaron su paso por la administración pública.
Lyons deberá responder por concierto para delinquir y escándalos de corrupción durante su gestión entre 2012 y 2015 – crédito @MigracionCol/X
Además de estos hechos, Lyons Muskus fue protagonista en uno de los escándalos de corrupción judicial más grandes en la historia reciente del país: el llamado “cartel de la toga”. Este entramado, que involucró a magistrados y abogados de alto perfil, consistía en alterar decisiones judiciales a cambio de sobornos. El exgobernador se convirtió en testigo protegido de la DEA al colaborar con las autoridades estadounidenses y con el FBI, revelando detalles clave que permitieron procesar a más de 20 implicados en Colombia.
Otro de los casos en los que aparece involucrado es el “cartel de la hemofilia”, un esquema de corrupción en el sector salud mediante el cual se pagaron más de $7.000 millones a una IPS sin contrato legal alguno. Estos fondos estaban destinados a la atención de pacientes con hemofilia, VIH y sida. Por estos hechos, la Procuraduría General de la Nación lo sancionó con una inhabilidad de 10 años para ejercer cargos públicos.
El exgobernador fue condenado por la Corte Suprema por liderar una red criminal que desvió 9.000 millones de pesos en regalías – crédito Colprensa
Previo a su deportación, la defensa de Lyons había advertido que su vida podría estar en riesgo al regresar al país, debido a su papel como delator en el caso del “cartel de la toga”. Sin embargo, las autoridades colombianas reiteraron la validez de la orden de captura y, tras su llegada al país, lo trasladaron a un centro de reclusión de alta seguridad.
El exgobernador de Cordoba recuperó su libertad en Florida, Estados Unidos, el 29 de mayo de 2025, tras pagar una fianza de 200.000 dólares y comprometerse a no abandonar el estado ni incurrir en nuevos delitos. Luego de ello, la justicia estadounidense confirmó su extradición a Colombia.
El 30 de julio de 2025 el exfuncionario fue puesto a disposición de las autoridades por parte de Migración Colombia, en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Lyons Muskus, que llegó en un vuelo de deportados de los Estados Unidos, es requerido por concierto para delinquir en el territorio nacional.
Lyons colaboró con la DEA y el FBI en el caso del Cartel de la Toga, revelando detalles clave de corrupción judicial – crédito Colprensa
El entorno familiar y político de Lyons también ha estado bajo escrutinio judicial. Su padre, Alejandro Lyons de la Espriella, recuperó la libertad en noviembre de 2024 tras cumplir una condena por intentar lavar los $9.000 millones desviados durante la administración de su hijo.
Además, la excongresista Sara Piedrahita Lyons, prima del exgobernador, enfrenta un juicio ante la Corte Suprema por la presunta entrada de dineros ilícitos a su campaña política.
El alcance de los procesos judiciales que rodean a Lyons no se limita al desfalco de regalías. En marzo de 2025, un juzgado penal de Montería lo citó como testigo clave en el juicio contra el exsecretario de Salud de Córdoba, Edwin Preciado, por el escándalo del “cartel de la hemofilia”.
Mientras se soluciona el proceso legal de Lyons, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, entregó un predio de 170 hectáreas perteneciente al exfuncionario como parte de su reparación por los delitos que cometió.
Tomado de INFOBAE, para los lectores de nuestra Revista EXPECTATIVA 44 Años.