La Gobernación de Córdoba se pronuncia mediante Comunicado, acerca de una información que se ha dado a conocer

COMUNICADO DE PRENSA

Montería, 7 de julio de 2017

 

La Gobernación del departamento de Córdoba indica a la opinión pública que el informe final de auditoría vigencia 2016, de la Contraloría General de la República a la fecha no ha sido radicado ante esta entidad; sin embargo, nos pronunciaremos acerca de la información que se está divulgando en los distintos medios de comunicación.

 

En cuanto al tema del denominado Cartel de la Hemofilia.

Una vez se dio a conocer el informe de auditoría vigencia 2012- 2015, con relación a  SGP- Salud, de la Contraloría General de la República, se ordenó verificar en la vigencia 2016, todo lo relacionado con pacientes hemofílicos, encontrándose que desde la Secretaría de Salud  Departamental en el mes de mayo de esa vigencia, se realizó un pago por $1.525.045.600, por concepto de suministros de medicamentos  a 14  supuestos pacientes con Hemofilia a la IPS San José  de la Sabana, situación que inmediatamente se puso en conocimiento  de la Fiscalía  General de la Nación a fin que se adelantaran las investigaciones correspondientes,  todo lo cual  fue comunicado a la opinión publica  el 26  de enero del año 2017.

Debido a esa denuncia la Fiscalía General de la Nación, a través de la Fiscalía 78 Seccional de la Unidad Especializada, el 15 de mayo de este año, dentro del caso No 11-001-60-00101-2017-00137, realizó inspección a las instalaciones de la Gobernación, y acopió documentación adicional  sobre el tema.

 

Lo que a la fecha está dando a conocer la Contraloría General de la República acerca de la auditoría  a los recursos de SGP – salud  de vigencia 2016, en algunos medios de comunicación, reafirma lo que  ya había sido informado por el despacho del Gobernador a la Fiscalía General de la Nación y a la opinión pública en las fechas previamente señaladas. Ver facsímil. (Anexar imagen nota Meridiano)

 

Así las cosas, se reitera, como en enero de este año se manifestó, que esta administración no patrocina actos de corrupción a los recursos de la salud del departamento, ni encubre la actuación de funcionarios, exfuncionarios, contratistas o particulares que participen en su defraudación. La Gobernación ya ha tomado medidas y continuará tomando las que sean necesarias al interior de la cartera de salud a fin de evitar, pagos inconsistentes o improcedentes.

Por lo demás se indica que dentro de los distintos procesos que se siguen contra el denominado cartel de la hemofilia, la Gobernación de Córdoba se constituyó como víctima desde el día 11 de enero de 2016, coadyuvó la imposición de medida de aseguramiento en contra de los imputados y colabora con los órganos de control para evitar la impunidad y lograr la recuperación de los dineros públicos pagados de forma presuntamente indebida.

 

Con relación a la ejecución del Contrato  702-2016

Sea lo primero aclarar, que en ningún momento la Contraloría General dentro del desarrollo de la auditoría vigencia 2016, señaló que durante la ejecución del contrato No 702 de 2016 se hayan encontrado “alumnos fantasmas”. Sobre el presunto detrimento patrimonial en este caso, el departamento ofreció las explicaciones pertinentes, indicando que existe un error de interpretación en el alcance del contrato, por lo tanto se precisan los siguientes datos que llevan necesariamente a disentir de las conclusiones entregadas a los medios.

 

En el estudio previo del contrato se contempla que las actividades van a ejecutarse en 143 instituciones o sedes educativas, igualmente, dentro de la propuesta presentada por el contratista  solo se oferta trabajar en 143 sedes educativas, como se puede observar en el formato N°3 de la propuesta económica presentada a  la Gobernación. Documentos analizados por el ente de control fiscal.

 

El número total de estudiantes con NEE (NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES) (1860), corresponde a la totalidad de alumnos matriculados en todo el departamento de acuerdo con el SIMAT y se encuentran distribuidos en 253 instituciones y sedes que se ubican equidistantes pues la población rural alcanza un porcentaje significativo, por tal motivo nunca se contempló dentro del contrato la realización de actividades que de acuerdo al presupuesto y el plazo de ejecución no era factible cubrirlo.

 

De lo anterior queda claro que el equipo auditor al realizar las solicitudes de información a los 253 centros educativos, muchos de los cuales no eran siquiera beneficiarios del objeto de este contrato y por obvias razones contestaron negativamente a la solicitud de la contraloría.

 

En la respuesta brindada a la contraloría se anexaron todas las evidencias del cumplimiento del objeto contractual en las 143  instituciones focalizadas por la Secretaría de Educación en donde debía realizar sus labores el contratista.

 

De lo revisado en los documentos preparatorios del contrato, se puede concluir  que no existe detrimento patrimonial alguno

 

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