La comisión de asuntos administrativos y financieros del Sistema Universitario Estatal realizó un estudio para entender las implicaciones de la implementación de la matrícula cero. Con respecto al tema, debe haber claridad, y es que, no solo se trata del “no pago” de la matrícula, sino comprender los efectos que trae para el sistema de educación superior en Colombia; tanto universidades públicas como privadas, que son las que constituyen un sistema mixto para la oferta de educación superior. Por ello, para hablar de matrícula cero es necesario explicar, cómo garantizar la financiación de las universidades oficiales que están atendiendo la demanda y que requieren solucionar sus problemas de financiación para brindar una educación superior de calidad.
En relación con lo anterior, se deben tener en cuenta tres consideraciones importantes, en primer lugar, el conjunto de Universidades Estatales fue organizado como ente universitarios autónomos, a partir de la expedición de la Ley 30 de 1992; segundo, los recursos de la Nación constituyen una transferencia de ley, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos vigentes de las instituciones a partir de 1993 con un incremento en pesos constantes, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 86 de la Ley 30 de 1992 indexados con el IPC, y tercero, la Nación NO financia el 100% de los costos de funcionamiento de las instituciones, es decir los gastos de las universidades superan el ajuste por IPC, por lo que, las universidades deben gestionar los recursos adicionales requeridos para su sostenibilidad.
De lo anterior se infiere que, de acuerdo con el Informe de financiación y sostenibilidad de las Universidades públicas colombianas realizado con corte del 2019, los ingresos de las universidades están compuestos de la siguiente manera: el 48,6% de los ingresos es por transferencia de la Nación, el 46,5% de ingresos son propios, y el 4,9% de los ingresos es otorgado por entes territoriales. Es de anotar que, por efecto de la pandemia, los recursos propios que generan las universidades públicas para su sostenibilidad se han afectado; lo que profundizará el desfinanciamiento estructural en materia de funcionamiento.
Del mismo modo, la Ley 30 de 1992 estableció en su Artículo 86, que las transferencias de la Nación a las universidades se ajustarían año a año, con el IPC aplicado al presupuesto otorgado en la vigencia anterior, fórmula utilizada hasta el momento, la cual no contempla otras variables que equiparen el gasto real de las universidades, debido a que estos aportes en pesos constantes no se ajustan a la canasta de las universidades, pues sus gastos doblan los índices de inflación; es decir, aumentan en promedio cerca de un 9% anual, lo que corresponde a un incremento de 5 puntos porcentuales por encima del IPC.
Por ello, en la matrícula cero se deben considerar dos perspectivas: primero, el financiamiento del pago de la matrícula es un apoyo a las familias de los estudiantes de estratos 1,2 y 3, segundo, si la universidad pública no cobrara matrícula, implica que el Estado debe garantizar recursos suficientes para el funcionamiento de las universidades. Actualmente, el Estado aporta el 50% de los recursos de funcionamiento; un modelo de matrícula cero generalizado pondría en riesgo los cupos de los más vulnerables, atrayendo la población que ha sido atendida por la universidad privada, rompiendo el equilibrio del modelo mixto en Educación Superior de Colombia.
En conclusión, son varios aspectos los que hay que tener en cuenta al momento de promocionar el programa de matrícula cero; las universidades públicas duplican la oferta en los sectores más vulnerables, frente a las Universidades privadas. Por ello, la discusión debe estar enmarcada en la accesibilidad y no solo en la gratuidad de la matrícula, que permita eliminar las brechas socioeconómicas, porque la matrícula cero no aumenta cobertura, los costos tienen una lógica distinta, lo que incentivaría la cultura del asistencialismo y un modo de vida; además desaparecerían los auxilios otorgados para el cubrimiento de matrícula, acompañamiento, retención y manutención del estudiante.
Desde la comisión técnica del SUE, se propone que el Gobierno debe avanzar en programas que beneficien a los estratos más vulnerables y que a la vez solucionen los problemas de funcionamiento y de capacidad de las universidades; tanto públicas como privadas. Al igual que, se debe avanzar en el cambio de modelo de financiación de la universidad pública, donde se reconozcan los costos reales de la educación superior, los sistemas salariales y prestacionales particulares de las universidades; de esta forma considerar la ampliación de cobertura y las brechas en la calidad de las instituciones.
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