El pasado 21 de marzo, por invitación de la presidencia de la república, los miembros del Sistema Universitario Estatal – SUE, asistimos a una reunión con el primer mandatario del país en la Casa de Nariño. Encuentro, al que concurrieron: la ministra de Educación Nacional, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, la viceministra de Educación, el director de la ESAP; además, los directores del SENA y el ICETEX, el presidente de la Red de Instituciones Técnicas y Tecnológicas Públicas – REDTTU. El propósito del encuentro fue dialogar y analizar la apuesta del Gobierno nacional en materia de ampliación de cobertura, fortalecimiento de la infraestructura física, reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, regionalización con enfoque territorial y construcción de nuevas sedes universitarias. Fue un dialogo amplio, argumentado y sincero; donde el presidente manifestó su visión, compromiso y necesidad de enriquecer y fortalecer la apuesta de ampliar y garantizar a la juventud colombiana el derecho a la educación superior públicas. Dicho evento permitió manifestar y reafirmar el compromiso y disposición del SUE, de acompañar desde los territorios la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y en particular, hacer posible la educación superior pública como un derecho humano y un bien público social.
En esa dirección, propusimos al presidente algunas estrategias de ampliación de cobertura en condiciones de calidad y pertinencia. Entre ellas: 1. Reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30, un cambio que permita un nuevo modelo de sostenibilidad financiera de las universidades públicas. 2. Para aumentar cobertura en 500 mil nuevos estudiantes; propusimos que las IES públicas, con la capacidad instalada que poseen, solo podríamos asumir el 50% (260.000 estudiantes nuevos); de los cuales, las 34 universidades públicas del SUE tendrían como reto, asumir aproximadamente el 50%, es decir, alrededor de 130.000 estudiantes y, las 31 Instituciones Técnicas y Tecnológicas públicas (ITTUs) asumirían el otro 50%. Lo anterior, requiere que, en promedio, cada universidad pública realice una apuesta de un incremento anual de estudiantes del 5% durante 4 años para lograr un aumento en la cobertura estudiantil de pregrado de cada universidad correspondiente al 20% de su cobertura actual. 3. El aumento de cobertura concertado con el MEN debe garantizar los parámetros de calidad, para lo cual es necesario que se reconozca a la base presupuestal el costo per cápita por estudiante adicional, que sería de 9.272.715 al año. 4. Para complementar esta estrategia orientada al cierre de brechas sociales y territoriales, los nuevos cupos deberán estar dirigidos a estudiantes provenientes de municipios de baja cobertura de acceso a educación superior. 5. Apertura de programas académicos nocturnos; teniendo en cuenta la capacidad instalada en términos de infraestructura física y tecnológica con que cuentan las universidades públicas. 6. Las sedes regionales con oferta de programas académicos necesarios para el desarrollo del país con estrategias pedagógicas de virtualización, hasta donde sea posible.
Lo anterior, requiere, por parte del Ministerio de Educación Nacional repensar la estructura normativa que regula el actual Sistema de Aseguramiento de la Calidad; permitiendo compartir registros calificados entre las universidades públicas. La ampliación de cobertura, requiere reformas y recursos financieros que hagan posible este derecho.