Hace 106 años, nació la Reforma Universitaria en la Universidad de Córdoba en Argentina; emergió, como un manifiesto de la educación superior de América Latina; cuyo espíritu está centrado en la rebeldía con sentido, frente a dogma o verdades. Este manifiesto germinó en 1918, manteniendo su vigencia; en particular en estos tiempos de amenaza y vulneración de su principio esencial: “La autonomía universitaria”.
Han transcurrido 106 años de su nacimiento con 17 países de la región, incluyendo a Colombia, incorporando en sus constituciones nacionales, el principio de la autonomía universitaria; reafirmada en las jurisprudencias de la Corte Constitucional. En este sentido, la Reforma de Córdoba aporta insumos teóricos, conceptuales y jurídicos en la reflexión, no solo de la cultura política de América Latina; sino sobre la autonomía y democracia universitaria. Por consiguiente, la reforma irrumpe teniendo como referentes los ideales de la Ilustración y en reacción a las tendencias autoritarias como: la estatal-autoritaria, clerical y la militar-dictatorial; que encarnaban un pensamiento de control y sometimiento de la vida universitaria. Estas razones dieron nacimiento a la Reforma Universitaria de Córdoba.
En consecuencia, hay que pensar la autonomía y democracia universitaria; no solo como participación de estudiantes, profesores, egresados y directivos en la conformación del gobierno universitario; sino la oportunidad de imaginar y construir mejores formas de democracia y de gobernanza institucional. La Reforma de Córdoba es un legado vigente para pensar la universidad colombiana con una visión integradora, que supere la endogamia y la autosuficiencia institucional que desvincula; además, protegerla de la injerencia de poderes externos que la desnaturalizan.
En Colombia, la Constitución Política de 1991, integró el principio de autonomía universitaria en el sistema de educación superior, como conquista y reivindicación histórica y política del ethos universitario; posteriormente reglamentada a través de la Ley 30 de 1992; garantizando autonomía administrativa, financiera y académica; otorgando el derecho de elaborar sus normas, reglamentos, estatuto, elegir sus autoridades académicas y administrativas; incluyendo al rector.
La Ley 30 de 1992, entrega a las universidades la facultad legal y constitucional de establecer las formas de gobierno y dirección con la participación de los distintos estamentos de la comunidad universitaria; con el propósito de que la comunidad universitaria participe organizando los mecanismos de participación democrática; acorde a la naturaleza de la universidad. Por ende, una de las características de la autonomía universitaria es la libertad de pensamiento, que consiste en pensar mecanismos de participación amplios y diversos que garanticen proteger la esencia de la universidad.
En este orden, gobernanza institucional, no solo consiste en designar rector; sino el fortalecimiento de la responsabilidad misional y compromiso social; incluyendo la participación, el mérito, la experiencia y conocimiento; la democracia universitaria no solo es participación directa en la toma de decisiones y designación de las autoridades institucionales; también incluye filtros y regulaciones que impidan los vicios premodernos de nuestra frágil democracia.
Venimos transitamos por escenario e iniciativas de reforma de la educación superior; donde los actores del sector, debemos dialogar y deliberar con argumentos sobre iniciativas que tengan como elemento central la autonomía universitaria que debe ser preservada y fortalecida. La autonomía universitaria, no es una licencia para actuar por fuera de la Constitución y la Ley; sino la facultad de pensarnos por nosotros mismos; es decir, al estilo kantiano, alcanzar la mayoría de edad.
Para concluir, es la autonomía universitaria y su protección constitucional; la que ha permitido que la universidad colombiana haya sobrevivido a todas las lógicas de poder externo que intentan desnaturalizarla; además, manteniendo su vigencia, vigor y autodeterminación.